De entre todas las barrabasadas que hizo Velasco, la reforma agraria (promulgada por el Decreto Legislativo 17716 del 24 de junio de 1969, día que pasó a llamarse del Día del Indio al Día del Campesino) fue la que causó más daño con diferencia, pues arrasó por décadas a este sector y nos dejó como herencia un campo absurdamente atomizado en minifundios, donde el 90% de predios tiene menos de diez hectáreas.
Para este fin, Velasco tuvo que pasar al retiro al cuerdo general José Benavides (hijo del mariscal y expresidente Osear R. Benavides), el titular de la cartera de Agricultura, que se oponía a una reforma tan radical.
Los generales Jorge Barandiarán Pagador, Enrique Valdez Ángulo, Rafael Hoyos Rubio y Enrique Gallegos Venero lo sucedieron en el cargo y fueron quienes finalmente implementaron la reforma con celo revolucionario, aunque Barandiarán fue sorpresivamente relevado en 1971 por un choque personal con Velasco.
Fue la reforma agraria más radical de América tras la cubana, y trajo como consecuencia un retroceso astronómico en el agro por las caídas en la producción (el sector solo creció 1,3% de 1968 a 1980; de 1974 a ese año final solo se expandió un minúsculo 0,4% en promedio), por la fuga masiva de profesionales, por la ya reseñada minifundización en el 90% del campo, por las importaciones de alimentos, por la generación de parasitismo y por las mafias cooperativistas en el mundo azucarero.
La reforma trajo consigo migraciones masivas a las ciudades, expansión de plagas, retroceso en las exportaciones agrarias, la disolución prepotente de la Sociedad Nacional Agraria (que ya era controlada por los medianos empresarios, como reconoció el mismo Héctor Béjar en 1983), la desaparición por años del agro como fuente tributaria, el empobrecimiento de las provincias, la pérdida de sus élites dirigentes que migraron a Lima, el desplome en la producción vacuna y ovina, etc.
Al final de la revolución en 1980, el agro representaba el 6% del PBI, mientras que el primer belaundismo lo había dejado en el 8% en 1968: esos dos puntos de caída indican su brutal retracción.
Todo lo anterior estuvo basado en el robo más escandaloso de la historia del Perú: una expropiación estatal de tierras que hasta ahora no se ha pagado.
A
quí es justo recordar que Belaunde sembró el atropello de los impagos al cambiar el artículo 29 de la C-33, que obligaba a indemnizar antes al afectado previamente a la expropiación. El belaundismo modificó este artículo para permitir el pago diferido y en dinero a plazos o en bonos de aceptación forzosa.
Así comenzó el robo. Además, Belaunde promulgó la Ley 15037 de Reforma Agraria, que sujetaba a todos los predios rústicos del país cuando solo debió circunscribirse a la sierra. Sin embargo, bajo el belaundismo se podía acudir al Poder Judicial para discutir la indemnización. Con Velasco eso fue imposible y se recibía «funny money» en forma de bonos.
No había ninguna necesidad de realizar una reforma agraria en el moderno y productivo agro costeño, donde no existía la servidumbre como en la sierra. Al contrario, los jómales azucareros eran elevados para el campo, y la productividad en algunos cultivos (azúcar, algodón, naranjas) estaba entre las mejores del mundo.
La perversa intencionalidad política basada en el revanchismo de Velasco se desnuda en su decisión inicial de acabar con las tan competitivas 18 empresas azucareras para insertar allí el fracasado modelo cooperativista, que no solo desplomó la producción, sino que creó inmensas mafias de ladrones y parásitos que explotaban a los «golondrinos» (campesinos migrantes temporales), plagas de las que aún no terminamos de salir del todo en algunas azucareras actuales. Solamente Arequipa se libró de la reforma agraria por la combatividad de sus medianos y pequeños agricultores.
En la sierra sí que urgía acabar con el feudalismo infame y la muy baja productividad. Posiblemente un exigente sistema impositivo hubiese obligado a la fragmentación y a elevar la productividad. O ensayar una parcelación rápida basada en los aparceros vigentes. En todo caso, allí si era necesario tomar medidas redistributivas para llevar a ese agro al siglo XX.
Lo más irónico de todo, tras la liberalización del mercado de tierras en 1991, es que^froy hemos vuelto al latifundio y en extensiones muchísimos más amplias de las que gozaban los «barones del azúcar» costeños o los terratenientes serranos con la entrada de grandes empresas al negocio agrario tras el fin de la reforma agraria con Fujimori (una de las mejores cosas que este polémico gobernante hizo): el Grupo Gloria hoy posee en total unas 52 mil hectáreas contras las 30 mil hectáreas de la familia Gildemeister en Casa Grande, los latifundistas azucareros más grandes de la época, las 23 mil hectáreas del estadounidense Grupo Grace (Cartavio y Paramonga) y las 21 mil hectáreas de la familia Yzaga (Pucalá). O el Grupo Wong, que actualmente agrupa cerca de 18 mil hectáreas contras las 16 mil de la familia De la Piedra (Pomalca), las 11 mil hectáreas de la familia Pardo (Turnan) o las 7 mil hectáreas de la familia Aspíllaga (Cayaltí).
Es que la misma lógica económica del cultivo extensivo del azúcar te lleva inexorablemente al latifundio. No es una aglomeración por maldad o codicia, sino que no tienes otra manera de ser competitivo que sembrar caña a escala gigante y luego procesarla masivamente a azúcar en tu mismo ingenio para el mercado interno y la exportación. La satanización de los otrora «barones del azúcar» fue la típica estupidez de los izquierdistas, que no entendían algo tan sencillo. Y esos «barones» pagaban sus impuestos y sus jómales como cualquiera agroexportadora de nuestros días: allí no existían «siervos» o gamonales. Volver cooperativas a las azucareras solo generó caída de producción, rezago tecnológico y mafias de dirigentes que les robaban a los demás cooperativistas, mientras estos a su vez ya no trabajaban y explotaban al «golondrino», el trabajador por temporada que no era cooperativista. Los militares les robaron sus tierras a estas familias propietarias, pues se las quitaron sin pagarles nunca.
Hoy todos reconocen el fracaso económico de la reforma agraria peruana y del sistema de Sociedades Agrarias de Interés Social (SAIS) y Cooperativas Agrarias de Producción (CAP), con las que se trató de reemplazar a la propiedad privada. Tampoco funcionaron las tesis mariateguistas de que este era el principal problema del país para «redimir» al indio (como ciudadano, lo que lo redimió fueron las migraciones a las ciudades costeñas y la extensión del voto, que hasta alcanzó a los analfabetos) y que las formas socialistas de producción tendrían éxito en el agro, dada la proclividad del indio a estas por los sistemas comunitarios andinos que provenían desde el incanato.
Estos espejismos románticos probaron ser absolutamente falsos, unas monumentales pajas mentales, como dirían groseramente los españoles. En definitiva, el romántico intelectual urbano de escritorio José Carlos Mariátegui conocía del agro y antropología lo que el lector de este texto de astrofísica y oceanografía. Finalmente, lo que ocurrió fue una atomización extrema de la propiedad, una minifundización masiva en pequeños e improductivos propietarios, que no acceden al crédito ni son casi lucrativos por su mismo ínfimo tamaño. Hemos vuelto jardineros a nuestros agricultores, pues alrededor del 90% de la propiedad agraria tiene menos de diez hectáreas. La reforma agraria velasquista «minifündizó» el agro, no impidió que posteriormente regrese el latifundio (particularmente en el azúcar, así como en la agroexportación en general y en la palma aceitera) y tampoco logró insertar formas socialistas de producción agraria. Un fiasco por donde se le vea.
El culposo blablablá
Las excusas a las que apelan la izquierda para defender esta hecatombe
son:
- La reforma agraria liberó al indio de la servidumbre de los gamonales serranos: ayudó mucho ciertamente, pero fueron la migración, la apertura de caminos y la extensión de la educación pública los factores que llevaron a gran parte del mundo indígena al siglo XX. Y, repito, la reforma agraria no era necesaria en la costa.
- Sendero Luminoso hubiese triunfado de no haberse dado la reforma agraria: se trata de una mera especulación contrafáctica, una opinión sin mayor rigor científico.
En todo caso, Sendero Luminoso apareció en Ayacucho no por los malvados gamonales o los indios socialistoides o la eternamente culpable de todo: la conquista española. Apareció allí solo porque se permitió que en una universidad pública, pagada con nuestros impuestos, trabajasen mediocres y extremistas marxistas catedráticos (algo que aún sucede en nuestras provincias. Ese disparate de la «autonomía universitaria» permite que todavía tengamos gente así enquistada). Esos «maestros» no estaban para enseñar, sino para envenenar las mentes de los estudiantes con su ideología y para poner en marcha sus planes mesiánicos.
De la marginal Universidad de San Cristóbal de Huamanga, que aún tiene un nivel académico ínfimo, fue que nació ese monstruo. No del campesinado, sino de un demente profesor costeño y de una banda de lunáticos cegados por una peregrina doctrina china, que tuvieron la suerte de insurgir en 1980, justo cuando un hombre tan timorato y blando como Belaunde regresaba al poder.
El demagógico eslogan de esta reforma fue la frase: «Campesino, el patrón ya no comerá de tu pobreza», atribuida al rebelde indígena Túpac Amaru II. Parafraseándola, el resultado fue: «Campesino, el militar le robó a tu patrón y el dirigente se tiró la riqueza».
Cabe finalmente recordar que los civiles que más pesaron en esta reforma fueron el director de reforma agraria Benjamín Samanez Concha — junto a sus funcionarios Lorenzo Tolentino y Manuel García Rosell— y los vocales agrarios Guillermo Figallo Adrianzén y Guillermo García Montúfar, radicales que extendieron todo lo que pudieron el proceso. Y que el coleguita Mirko Lauer trabajó como «afectador» de fundos. Más nombres «ilustres» para el recuerdo...
Estatizaciones masivas
El velascato estatizó gran parte del sistema financiero (banca y seguros), sea asumiendo entidades quebradas por una pésima gestión (como el Banco Popular y la aseguradora Popular y Porvenir, ambas integrantes del Imperio Prado), como expropiando activos pertenecientes a la banca extranjera (como el Banco Continental, propiedad del Chase Manhattan Bank, y el Banco Internacional, del Chemical Bank de New York y el Grupo Grace).
También se estatizó o «nacionalizó» todo el sector pesquero en mayo de 1973, mucho del minero (Cerro de Pasco Copper Corporation, Marcona Mining Company), así como compañías petroleras (extranjeras como la IPC en Talara y Ganso Azul-Atlantic Richfield Co. en Pucallpa o nacionales, como El Oriente-Maquía en Contamana, de la familia Gildemeister) y de Telefonía.
Hablemos un poco más de este último sector: a la ya deficiente y criticada Compañía Peruana de Teléfonos, propiedad de la estadounidense ITT, le sucedió una CPT estatal aún peor a partir de octubre de 1969. La CPT estatal fue, por lejos, el summum de la ineficiencia, corrupción y lentitud en el Perú. La acompañaba la también terrible Entel en provincias.
En descargo de la ITT, su servicio limeño fue muy malo hasta 1967, en que el Estado la autorizó a cobrar tarifas realistas —el servicio era artificialmente barato— a cambio de duplicar el número de líneas. Sin embargo, llegó una sorpresiva expropiación justo cuando el servicio se había expandido y mejorado radicalmente.
ITT y el velasquismo acordaron valorar la empresa en 14 millones de dólares, de los cuales cuatro millones de dólares fueron oaeados en dólares en efectivo y el resto con el terreno de la penitenciaría del Panóptico y en soles, a Condición de que se edificara un hotel de la cadena Sheraton allí, lo que efectivamente ocurrió.
Esta orgía estatista también llegó a los puertos (la estatal Enapu también fue un monumental desastre, donde un trabajador o «punto» le «vendía» su puesto a otro estibador o «repunto», y este a veces hasta a un tercero), a la comercialización de minerales (Mineroperú), pesca, arroz e insumos (Epchap, Ecasa y ENCI, colosales cuevas de ladrones) y al sector eléctrico (pocáS'cosas han funcionado mejor en el Perú que la electricidad limeña en manos de los operadores suizos. ¡Ni hoy en día se ha igualado su eficiencia! Muchos limeños de aquellas épocas ahorraban en los sólidos valores que emitía esa compañía y que pagaban constantes y abundantes retornos).
De esta manera, el Estado llegó a controlar un tercio del sector empresarial, tres cuartos de las exportaciones, la mitad de las importaciones, dos tercios del crédito bancario, además de un tercio del empleo formal. ¡Petroperú llegó a tener 11 mil empleados cuando no necesitaba más de dos mil!
Estas estatizaciones generaron descomunales déficits al fisco, dado que su administración se basó en términos políticos y no económicos, a la pésima gestión (porque se nombraba en gerencias y directorios a militares y personas cercanas a Velasco, no a gente capaz) y a la superpoblación de empleados (porque se creyó que una manera de generar empleo formal masivo era sobrecargando de personal a estas empresas). Se ha estimado que las pérdidas acumuladas de las empresas públicas durante toda la dictadura militar fueron de casi 19 mil millones de dólares (valor actualizado al 2006).
Todo esto se reflejó en una profunda retracción de la inversión privada, que pasó del casi 11% promedio del PBI durante el primer belaundismo hasta el 7% bajo Velasco, mientras que la inversión extranjera cayó en picada: del 21% al 8%. En cambio, la inversión pública llegó al 9% y el sector publicó poco más que se duplicó, hasta llegar al 21% del PBI del 10% que dejó Belaunde.
Un dato relevante: el gasto público en 1974 se disparó en un astronómico 57% en 1974, lo que expandió fuertemente el déficit fiscal y sentó las bases para una sostenida caída del PBI desde 1976 hasta 1979. Por otro lado, los déficits de cuenta corriente estuvieron en alrededor del 9% en promedio en los dos años finales del velascato, falta de dólares que se tapó con más deuda externa.
Es por ese afán estatista que el tristemente célebre Instituto Nacional de Planificación (1NP), fundado en 1962 por la junta militar, creció exponencialmente durante el velascato. Su titular durante la mayor parte de ese periodo fue el ultraestatista general Guillermo Marcó del Pont. También el número de ministerios se disparó de 11 a 17. La planilla estatal aumentó 83% del final del primer belaundismo al estertor del velascato y los empleados públicos pasaron de 197 mil a 359 mil contratados.
Los déficits generados por las empresas públicas fueron uno de los principales causantes de las eternas altas inflaciones que asolaron nuestra economía desde 1974 hasta bien entrada la década de 1990, cuando se instauró un eficaz sistema de privatizaciones que transfirió a la mayor parte de estas empresas al sector privado. A todo esto se unió una política de mantener los precios por debajo de sus costos, utilizando los subsidios indiscriminados para mantener la popularidad del gobierno.
La comunidad industrial (o de cómo robarte tu propiedad con tus propias ganancias)
Otro dislate izquierdista que parió el velascato fue la inesperada Comunidad Industrial (Decreto Ley 18384), impulsada por el almirante Jorge El Negro Dellepiane Ocampo (cuentan los memoriosos que Velasco lo eligió como ministro solo por ser físicamente el más moreno de los candidatos que le presentó la Marina).
Consistía en que el 15% de las utilidades anuales netas de las firmas industriales (con ingresos brutos anuales superiores al millón de soles de entonces) debían ser entregadas a la Comunidad Laboral (una asociación de los trabajadores de cada empresa), para que con este dinero esta fuera adquiriendo acciones de la empresa hasta llegar al 50%) del accionariado total. Así, la Comunidad Industrial se convertiría —gratis para ellos— en copropietaria y cogestora de la empresa al controlar la mitad del directorio, pues contaría con un representante inicial cuando menos en este órgano y también en la junta general de accionistas.
¡O sea, a uno le compraban forzosamente su empresa hasta la mitad y le clavaban a los trabajadores de socios forzosos con el mismo dinero que generaba SU misma empresa, repartiendo el 25% de lo generado a esos «socios» forzados, sin contar ese otro eterno socio al 30% que es el Estado al pagar impuesto a la renta a la entonces Dirección General de Contribuciones (la. Sunat de ahora)!
La única manera de posponer esa entrega de utilidades a la Comunidad Laboral era mediante la adquisición de activos o generando gastos para evitar tener ganancias netas. Así se desalentó el uso intensivo de la mano de obra por maquinaria o se gastó en activos innecesarios. En febrero de 1973 se constituyó la Conaci como órgano rector de estos engendros.
El creador de esta barbaridad fue el economista sanmarquino marxista Virgilio Roel, asesor del atrabiliario ministro Dellepiane. Lamentablemente, su sucesor el almirante Alberto Jiménez de Lucio era más educado pero aún más radical. En mi investigación encontré que tal vez el origen ideológico de este absurdo se originó en una iniciativa de ley de la Democracia Cristiana en 1968, que buscaba «comunitarizar» las empresas. Posiblemente Roel y Dellepiane hayan encontrado ahí «su inspiración».
La estabilidad laboral y la hipersindicalización cegetepista
El general FAP Pedro Sala Orozco fue el peor ministro de Trabajo en la historia del Perú, de lejos, a pesar de la cantidad de candidato de peso que tenemos (como el democristiano Carlos Blancas). Su asesor principal fue el marxista abogado laboralista Jorge Rendón Vásquez, que sigue escribiendo las mismas tonterías rojas de siempre.
Además de darle una fuerza descomunal en el mundo laboral a la comunista CGTP, al reconocer sistemáticamente cualquier solicitud de nuevo sindicato afiliado a esta central comunista (esto en gran parte con el propósito de debilitar a la CTP aprista), Sala Orozco recogió las nefastas sugerencias de Rendón y así nació el Decreto Ley 18471, promulgado en noviembre de 1970, mediante el cual se introduce la estabilidad laboral absoluta y rígida con una serie de causas taxativas para despedir y la reposición en el puesto de trabajo si estas causas no eran probadas.
Antes de ese decreto, el despido era libre y flexible, pues no había que alegar causa alguna. Solo bastaba comunicarlo con 90 días de anticipación o, en su defecto, entregar una indemnización equivalente a tres sueldos mensuales.
El trabajador accedía a esta nueva estabilidad laboral absoluta a los tres meses de laborar en la empresa. Tras ese periodo era muy difícil despedir a alguien. Lo que se generó fue una rotación de trabajadores cada dos meses o la explosión del trabajo informal para evitar ingresos de trabajadores indeseados a la estabilidad laboral. Así, la estabilidad laboral absoluta ahogó la creación de empleo formal y fomentó el «maqumismo» hasta su flexibilización en la década de 1990.
Otro fenómeno nocivo creado por el velasquismo en el área laboral fue la «hipersindicalización»: de 2.280 sindicatos reconocidos antes del golpe velasquista, se pasaron a unos 4.300, casi todos en la órbita de la CGTP, que experimentó así su apogeo. Las huelgas y las intimidaciones en las empresas desde los sindicatos rojos se multiplicaron y se estaba perdiendo aceleradamente toda disciplina laboral, mientras la CGTP ya se abocaba a preparar «soviets» (consejos obreros comunistas) para controlarlas a futuro.
Felizmente, el Decreto Supremo 010-77-TR del 21 de julio de 1977 — promulgado como necesaria medicina a los dos días de acaecido el «martes rojo», como el periodista Alfonso Baella apodó a la huelga nacional más acatada y violenta que ha tenido el país— permitió purgar a la gran mayoría de estos gérmenes de soviets comunistas insertados en las empresas al permitir el despido de cinco mil obreros radicalizados por la CGTP.
El asediado dictador Morales Bermúdez tuvo que soportar de la izquierda más de tres mil huelgas y varios paros nacionales, especialmente potentes, en julio de 1977 y en febrero, mayo y junio de 1978. Esta última movilización significó un paro magisterial del Sutep que duró más de tres meses (a estos nunca les interesó que los escolares perdieran clases).
Otra espada de Damocles: la propiedad social
La propiedad social fue una idea importada de la Yugoslavia del autócrata comunista Josip Broz Tito. Se trataba de una supuesta nueva forma de empresa, similar al cooperativismo, según la cual todos los trabajadores eran dueños de ella, con una conducción «autogestionaria» común: la asamblea general de accionistas elegía a la dirección.
El gran impulsor de esta absurda idea fue el asesor marxista Angel de las Casas Grieve, junto al general Arturo Valdez Palacios, Luis Guiulfo Zender y Jaime Llosa Larrabure. De las Casas tuvo rango de ministro desde el denominado Sistema Nacional de Apoyo a las Empresas de Propiedad Social (Sinadeps) que lideraba.
Un preaviso de lo que se venía en este sentido se dejó adivinar en un discurso del entonces premier Montagne en diciembre de 1968, cuando crípticamente adelantó que el régimen planeaba reformar la empresa privada a favor de los trabajadores. Poco antes, y aún bajo el belaundismo (febrero de 1968), el dirigente democristiano Rafael Cubas Vinatea había lanzado en el Congreso la idea de una «empresa comunitaria».
Todo este proceso fue asesorado por el economista checo Jaroslav Vanek, el teórico de este intento disparatado de propiedad, que no sé cómo tiene un PhD en Economía del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). (Bueno, Carlos Delgado Olivera pasó por Comen; Alejandro Toledo, por Stanford; y Jorge González Izquierdo, por la Universidad de Chicago). Otro asesor extranjero fue el economista yugoslavo (después croata) Branko Horvat, ya fallecido.
Vanek y Horvat, ambos los supuestamente mayores expertos mundiales en este teórico experimento de «democratizar las relaciones productivas en la empresa», estuvieron varias veces en nuestro país desde agosto de 1971 hasta febrero de 1972. Curiosamente, ambos recibieron en Lima el apoyo de César Peñaranda, el ahora ortodoxo economista de la Cámara de Comercio de Lima. Otro colaborador entusiasta de la propiedad social fue el colega César Hildebrandt, que laboró allí, además, como mencioné antes, de dirigir el suplemento cultural Variedades del confiscado diario La Crónica. Al parecer, a este actual pontificador no le incomodó trabajar y recibir un sueldo de una dictadura militar.
La idea velasquista era que a futuro la propiedad social sería el sector predominante de la economía. Una advertencia que se repetía constantemente señalaba que la propiedad privada quedaría incluso atrás del sector empresarial público. Un primer paso para ello era la implementación de la comunidad laboral, que cortaba la propiedad del inversionista privado por la mitad y con su propio dinero. Ya se imaginarán cómo esa perspectiva futura, junto a la comunidad laboral, el sindicalismo a ultranza y la estabilidad laboral absoluta, desalentó la inversión privada completamente. Por eso, el sector manufacturero solo creció un anémico 3,8% de 1968 a 1980.
Curiosamente, el posterior canciller fujimorista Femando de Trazegnies estuvo por aquel tiempo muy interesado en la Propiedad Social y enseñaba sobre esta materia en la facultad de Derecho de la PUCP. El es autor del estudio Existe la propiedad social (1973).
Despilfarras, desorganización y corrupción
El MEV, tal como el chavismo actual, optó por un manejo izquierdista de la economía, una gestión irreal basada en un bienestar insostenible. Se adoptó a rajatabla durante esos siete años de velasquismo —aunque la versión ligeramente atenuada MEV duró hasta 1992— una política de control de precios, de proteccionismo (no se podía importar nada que no figurase en un Registro Nacional de Manufacturas), de cuotas de importaciones de insumos y de subsidios indiscriminados a los alimentos y combustibles (incluso se bajó el precio de las gasolinas) y desde 1970 se controló rígidamente el precio del dólar con un tipo de cambio fijo irreal: el FMÍ estimaba que el valor real del dólar era de 100 soles, mientras que el cambio oficial promedio más usado (existían los «giros» y «certificados») era de 38,70 soles por dólar.
Además, la tenencia de dólares estaba penada con siete años de prisión y una multa de diez veces la cantidad incautada. ¡Como si fueran cocaína! El resultado fue que casi no quedaban reservas internacionales netas en 1975 (cayeron de 600 millones de dólares en 1974 a 100 millones de dólares ese año), año final del desgobierno de Velasco.
Este dólar «aguantado» y la falta de respaldo en dólares del sol generó que al dictador sucesor Morales Bermúdez no le quedara más remedio que devaluar sostenidamente (45 soles por dólar en 1975, 56 soles por dólar en 1976, 84 soles por dólar en 1977, 157 soles por dólar en 1978 y 230 soles por dólar en 1979).
Desde 1974 se dispararon los déficits comerciales, presionando aún más sobre el valor del dólar frente al sol. El 1974 se tuvieron 1.504 millones de dólares de exportaciones contra 2.029 millones de dólares de importaciones. Al año siguiente, el final de Velasco, fueron 1.290 millones de dólares de exportaciones contra 2.585 millones de dólares en importaciones, brecha ya insostenible.
También se recurrió a la emisión inorgánica de billetes (Velasco más que cuadruplicó el circulante que heredó), desde un BCR domesticado, para tapar los «huecos» fiscales que estas absurdas políticas generaban, aunque por aquellos tiempos el crédito internacional desde los bancos fue asequible, por lo que la dictadura recurrió al endeudamiento extemo para mantener este esquema de fantasía.
Se triplicó la deuda externa entre 1968 a 1975. Como consecuencia, el 15% de las exportaciones y el 15% del presupuesto nacional se convirtieron en el 37% de las exportaciones y el 26% del presupuesto nacional. Así, el servicio de la deuda extema pasó a consumir la cuarta parte de los gastos del Estado y se volvió una eterna fuente de problemas con los circuitos financieros internacionales por retrasos e impagos.
El principal problema de la deuda extema peruana era que en gran parte (49%) estaba tomada con la implacable banca privada (solo el gobierno de Japón los igualaba en dureza para cobrar) y a tasas de interés variables internacionales (que se fueron después a las nubes).
El gran aumento de la deuda extema peruana se dio por tres hechos: la política de subsidios, un colosal y carísimo programa de rearme (blindados y artillería rusos, reactores rusos y franceses, submarinos alemanes) para atacar a Chile, esa locura de Velasco que finalmente precipitó su caída, y la excesivamente costosa construcción de un oleoducto petrolero desde la selva peruana.
Otra decisión que desnuda la irresponsabilidad económica velasquista fue la de mantener artificialmente congelados los precios de las gasolinas tras la abrupta subida al triple del precio del barril del petróleo en 1973. Esta alza internacional sucedió como consecuencia de un boicot árabe a Occidente en castigo a su apoyo a Israel en la Guerra del Yom Kippur. Así, un galón de gasolina en 1975 tenía un costo menor que en 1968.
Como medida desesperada, se ordenó un sistema de usos de autos de acuerdo con calcomanías redondas de colores (azul: no podían circular martes y jueves, roja: no podían circular lunes ni miércoles, blanca: no podía circular los fines de semana), que llevaban la leyenda «Ahorro es progreso». ¡Por supuesto que la medida no sirvió para nada!
Todo esto significó que el déficit fiscal alcanzase una cifra descomunal de casi el 10% del PBI en 1975, año final del velascato (¡se pasó de 382 millones de soles en rojo en 1969 a los también deficitarios 30.591 millones de soles en 1975!). El aumento ineludible de los precios de los fertilizantes al subir tanto el barril de petróleo debió trasladarse a los productos agrícolas, lo que se impidió a través de subsidios masivos. Postergar el impacto económico en el Perú del inmenso shock del petróleo de 1973 incrementó significativamente el desequilibrio fiscal y cambiarlo.
El espejismo petrolero de Bischoff
Al parecer, mucha de la irresponsabilidad fiscal de los militares se debió al convencimiento de que todas las cuentas estatales estarían sobradamente cubiertas con el chorro de petróleo que saldría de la selva.
Esta creencia se originó porque el consultor alemán y catedrático de la Universidad de Colonia Gerhard Bischoff (1925-2001) les había asegurado que en nuestra Amazonia había tanto petróleo como en Venezuela o, por lo menos, como en Ecuador. Este charlatán teutón les aseguró a los militares que Perú estaría produciendo un millón de barriles diarios de crudo en 1985 y aconsejó que Japón era nuestro mercado natural de exportación de petróleo.
En 1973 empezó la construcción del costoso oleoducto con financiamiento japonés, alentado por los descubrimientos iniciales en Trompeteros (1971), Pavayacu y Capirona (1972), pozos que milagrosamente dieron petróleo a la primera perforación. Por desconfiar de un supuesto prochilenismo de Brasil, que nos podría bloquear la salida al Atlántico por el río Amazonas, Velasco prefirió la aventura de edificar este complicado ducto —que atravesaba la sierra desde la selva hacia el mar— a seguir sacando el crudo peruano al Atlántico a través de barcazas, una solución mucho más económica.
Esta obra le significó al Perú el nacimiento de una monumental deuda con el Japón (consorcio Japeco). Incluso se firmó un lesivo contrato para el país, según el cual Velasco aceptó someterse a los tribunales ordinarios nipones, violando nuestra soberanía jurídica. Precisamente, por criticar este acuerdo fueron deportados varios juristas (Vicente Ugarte del Pino, Carlos Balarezo y Gonzalo Ortiz de Zevallos), así como los periodistas Paco Igartua, Juan Zegarra Russo, Guido Chirinos, Mario Castro Arenas, Arturo Salazar Larraín, Enrique Chirinos, Óscar Díaz Bravo, César Martín Barreda y Federico Prieto Celi.
Lamentablemente, toda esta ilusión petrolera fue nada más que un espejismo y ni siquiera pudimos nunca alcanzar a Ecuador en producción. Por otro lado, el precio del cobre, la más importante exportación peruana, tuvo un inusitado «rally» alcista a mediados de los 70. Los militares esperaron que esos excelentes precios se mantuvieran por años y que además coincidieran con la apertura del yacimiento de Cuajone a fines de la década. Sin embargo, más bien el precio del metal rojo se desplomó en los mercados internacionales por varios años, lo que afectó mucho a nuestra balanza comercial.
Salvo la firma en 1969 con la Southern Perú para el desarrollo del yacimiento cuprífero de Cuajone, hasta mediados de la década de 1990 no se desarrollaron grandes minas nuevas en el Perú.
Hablando de comercio exterior, otro craso error del MEV fue la profundización del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISIS), ideado por el economista argentino de izquierdas Raúl Prebisch y fomentado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal). Es cierto que el primer belaundismo empezó a implementar este modelo ISIS en el Perú, pero fue Velasco quien lo adoptó a fondo y se mantuvo casi intacto hasta 1992.
A grandes rasgos, se afirmaba que la periferia (los países subdesarroliados) solo producía materias primas, que cada vez eran más baratas, para abastecer con ellas al «centro» (los países desarrollados), y con las ganancias comprarles bienes industriales, cada vez más caros, a estos últimos.
Entonces, los términos de intercambio cada vez eran menos beneficiosos para la «periferia», así que esta tenía que industrializarse. Para ello, debía apelarse al más alto proteccionismo, al control del precio del dólar y a los subsidios (tanto a las industrias como desde el campo a la ciudad) para fomentar una manufactura nacional que abasteciera el mercado interno. Era como la búsqueda de una autarquía industrial, complementada por una mano de obra cara y protegida del despido. El problema es que este esquema creaba una industria local artificial por rentista y nada competitiva, que vendía productos caros y deficientes a la población. No había innovación y se demandaban muchos dólares para suministrar insumos a esta industria local, divisas que el esquema no generaba por haber descuidado las exportaciones.
Eso a menudo provocaba crisis periódicas de balanza de pagos y comercial, las que se saldaban con abruptas devaluaciones inflacionistas, al menos que se recurriese al endeudamiento extemo (como Velasco y toda Latinoamérica lo hicieron) para mantener este tan artificial modelo.
Los caros juguetitos letales
El armamentismo también fue otro factor decisivo en la generación de la deuda externa: llegó a representar la cuarta parte de ella. Dado su revanchismo antichileno y su alejamiento de Estados Unidos como proveedor bélico (distanciamiento que venía desde el primer belaundismo, cuando Estados Unidos absurdamente se negó a vender los irrelevantesyete F-5 al Perú en 1967), Velasco compró al crédito costosos tanques T-55 y artillería rusa, submarinos alemanes y cazabombarderos Mirage (Francia) y MIG (Rusia), entre otros onerosos juguetes letales. Por eso, el Perú quintuplicaba en artillería, cuadruplicaba en tanques, triplicaba en camiones militares y duplicaba en jets a Chile en 1974. Solo había cierta paridad o una ligera ventaja mapochina en la Marina de superficie (tres cruceros en ambos lados, seis destructores sureños versus cuatro peruanos), mientras que el Perú cuadruplicaba a Chile en submarinos operativos (cuatro contra uno).
Uno de los motivos fundamentales para esta carrera armamentista fue la paranoia del régimen velasquista frente al entorno internacional, que lo había aislado a nivel americano, tanto de las democracias (México, Colombia, Venezuela, Canadá, Costa Rica) como de las dictaduras de derechas (Argentina, Bolivia banzerista, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil) y más aún de Estados Unidos. Velasco solo tenía cercanía a la Cuba de Fidel Castro y al Panamá del populista-nacionalista Ornar Torrijos, pues otros gobernantes de izquierda, como el chileno Allende y el boliviano Torres, habían sido derrocados.
Entre el régimen de Velasco y la España franquista, la Inglaterra del conservador Heath, la Alemania de Willy Brandt y todo el norte europeo no hubo ningún vínculo. Las relaciones con Francia, salvo para la venta de Mirages, fueron tensas por mucho tiempo, debido a las pruebas nucleares galas en el atolón Mururoa del Pacífico, lo que motivó incluso que Lima rompiese brevemente relaciones con París.
Solamente la URSS, sus países satélites del Pacto de Varsovia y la Yugoslavia de Tito veían al Perú con buenos ojos, además de varios irrelevantes países asiáticos y africanos. En resumen, el Perú estuvo muy aislado diplomáticamente en aquellos años, hecho profundizado por una hiperproteccionista política comercial y una desafortunada apuesta por un Pacto Andino, aquel ente político-comercial que posteriormente se redefinió como Comunidad Andina de Naciones y que nunca funcionó.
Según trascendió desde fuentes militares, Velasco tenía pensado atacar al Chile pinochetista (Operación Negro-1) el sábado 6 de setiembre de 1975, al acercarse el centenario de la Guerra del Pacífico (1879). Su idea habría sido recuperar Arica en una guerra relámpago y luego, ya como un victorioso mariscal, entregarle el poder a Tantaleán el 3 de octubre siguiente, duodécimo aniversario del golpe. El impedir tanto esta incierta locura bélica como la llegada de Tantaleán a la presidencia, habría forzado una alianza entre los militares «rojos» (Fernández Maldonado, Leónidas Rodríguez, etc.) e «instirucionalistas» (el grupo de Morales Bermúdez, que no eran ni chicha ni limonada).
